Dos hechos puntuales de los últimos tiempos, la retención de la Cámara de Diputados a manos de la oposición y el otorgamiento de un “regalo de fin de año”, llevaron a encumbradas figuras del oficialismo a poner el grito en el cielo; sin observar que la conducta que ahora condenan horrorizados es la misma que ejerció el Gobierno mientras tuvo oportunidad.
En ambos casos, las críticas fueron calurosamente acompañadas por la prensa no objetiva, alimentada en varios medios con pautas oficiales gordas y memoria flaca, que con total frescura avala las quejas de funcionarios que terminan encerrados en los límites de su propio comportamiento.
El primer exabrupto lanzado por la cúpula del Frente Cívico y Social, con la senadora Martha Grimaux de Blanco y el Gobernador Eduardo Brizuela del Moral a la cabeza, es el que señala que la victoria de la oposición en la Cámara de Diputados es virtualmente ilegítima, porque no respeta la decisión del electorado.
Según esta visión, el acuerdo de distintos sectores internos del justicialismo, es una burla a la voluntad popular, porque los catamarqueños votaron al Frente Cívico para gobernar y no para ser oposición.
Como se sabe, los legisladores del Partido Justicialista, el Frente Para la Victoria y otros escindidos, respaldaron la candidatura de Néstor “Chicho” Tomassi, quien se convirtió en nuevo presidente de la Cámara de Diputados relegando a los representantes de la fuerza gobernante.
Esta jugada, que deja la Cámara en manos de un hombre del Frente Para la Victoria, se repitió –contra muchos pronósticos- por segundo año consecutivo, para lamento de un oficialismo que se durmió en los laureles y se dejó avasallar en el control de un cuerpo que mantuvo sin despeinarse durante 16 largos años.
La indignación por la derrota que le asestó el resucitado Interbloque, cuando muchos firmaban su certificado de defunción, fue la gota que colmó el vaso de la cordura del Gobierno, que reaccionó con un extemporáneo recuento de votos para descalificar un acuerdo propio de las batallas políticas, donde las conveniencias sirvieron, sirven y servirán para sellar amistades fugaces.
Con los hechos consumados, las lágrimas deberían guardarse hasta diciembre de 2009, pero mientras tanto, bien podría preguntarse hasta qué punto es atendible el razonamiento del Gobierno.
¿Es ilegítimo el acuerdo? ¿Alcanza la legalidad formal para avalar un comportamiento que no responde directamente a la voluntad de los electores? ¿Es una conducción peronista en Diputados lo que votó la gente?
El planteo es interesante, pero los caminos que surgen del cuestionario invalidan a quienes formularon la objeción.
Veamos, las posibles respuestas son dos: es totalmente legítimo, porque la maniobra política de la oposición para conquistar Diputados es propia del juego democrático; o bien es ilegítimo, porque antes que cualquier pacto debería respetarse a rajatabla el mandato emanado de los comicios.
La oposición optará seguramente por la primera opción, puesto que la presidencia de Tomassi (como anteriormente la de Oscar “Kelo” Brizuela), surgió del voto en el recinto de los legisladores electos por mandato popular.
El oficialismo, tal como lo expresó, considera que esto es un atropello porque omite el deseo de una ciudadanía que se manifestó a través de las urnas.
Ahora bien, ¿con qué autoridad puede condenar el Frente Cívico y Social los acuerdos por conveniencia? ¿Con qué argumento pueden exigir el respeto incondicional al voto popular?
El Gobernador Eduardo Brizuela del Moral se postuló a gobernador, no nos engañemos, como aliado del Frente Para la Victoria, con un mensaje que prometía incluir a Catamarca en un proyecto nacional. Con el mismo criterio del jefe de Estado y la senadora Grimaux puede preguntarse ¿es este distanciamiento lo que votó la gente?
Cuesta comprender qué puede reclamar un Gobierno que simuló una alianza sólo para allanar su campaña proselitista apoyado en la estructura nacional, y desprenderse del proyecto que lo llevó al triunfo apenas consumado su propósito reeleccionista.
Si bien es cierto que la gente votó al Frente Cívico y no al Justicialismo para que comande Diputados, también es cierto que votó al Frente Cívico en alianza con el Frente Para la Victoria, y no para que sus dirigentes se acerquen y se alejen del Gobierno nacional según las necesidades de ocasión.
¿Por qué la misma actutud es censurable si la realizan otros y correcta si la realiza uno? ¿No debería existir una mínima unidad de criterio?
Quizás debería, pero no existe, y otro claro ejemplo surge con los polémicos “regalitos de fin de año”, un invento del propio Eduardo Brizuela del Moral que ahora parece haberse convertido en un acto de traición a la Patria.
Hace un par de años, el gobernador anunció que, junto con el sueldo anual complementario, cedería a los empleados públicos (¿porqué solamente a ellos y no a todos los ciudadanos si el erario corresponde al conjunto?) una suma adicional de dinero, por única vez y en carácter no remunerativo, a modo de regalo navideño. Con la medida le complicó la vida a muchos municipios, pero eso no afectó la decisión.
Al año siguiente hizo lo mismo, incluso aumentando la suma, y todos los empleados públicos quedaron felices. Ocurre que este año, hasta el momento –porque oficialmente siempre se anuncia que no habrá regalo hasta que a último momento se cambia gloriosamente de opinión-, no hay fondos para repartir el regalo.
Mientras tanto, la vicegobernadora Lucía Corpacci confirmó que pagaría un adicional no remunerativo de 400 pesos a los empleados de la Cámara de Senadores, y ese simple anuncio –que si bien se mira está en consonancia con las disposiciones anteriores del Gobernador- la transformó en una desestabilizadora.
Ahora se afirma que es un acto de irresponsabilidad, que privilegia a un único sector, que es inadmisible que resuelva otorgar un regalo en tiempos de crisis y hasta que le creó un problema al Gobernador.
En ningún momento, por cierto, se sugirió que la disposición de fondos puede ser resultado de una administración responsable, seria y austera, ayuna de escándalos y actos de corrupción como los que, por el contrario, matizaron todo el año en otras áreas gubernamentales.
El concepto es entonces que si el Gobierno otorga el “regalo”, es un signo de sensibilidad social y generosidad, y que si no lo otorga es un claro ejemplo de responsabilidad y austeridad en el manejo de los fondos públicos. De uno u otro modo, es la decisión correcta y despierta aplausos de los socios mediáticos.
Lógicamente, si la Vicegobernación otorga el “regalo”, es una muestra de irresponsabilidad y despilfarro, y si no lo otorga consecuencia de la incapacidad y falta de previsión. De uno u otro modo, una actitud condenable y descalificadora.
Estas lecturas intencionadas de la realidad, vecinas del fanatismo rentado, no hacen más que confirmar que nunca se mide con la misma vara, y que el criterio se acomoda una y otra vez sin lógica alguna, al extremo de que los irritados terminan por cuestionar airadamente lo que ellos mismos hicieron.
(Artículo publicado por el sitio web www.catamarcaesnoticia.com.ar
