El Frente Para la Victoria de Catamarca emitió un documento en el que reafirma su apoyo a la política económica del Gobierno nacional, a través del análisis del conflicto generado con el campo, y el fundamento de su respaldo a la derogada Resolución 125.
El siguiente es un resumen de los puntos salientes del trabajo.
I . Origen del conflicto
Atento al debate instalado públicamente, como consecuencia del conflicto con un sector de los productores agropecuarios, consideramos necesario realizar algunas consideraciones acerca de su desarrollo y realidad, para arribar luego a conclusiones que surgen de nuestra visión y análisis del tema.
El 11 de marzo de este año, el Gobierno nacional dictó la Resolución Nº 125/08, que estableció la implementación de un esquema de retenciones móviles a las ventas de granos y oleaginosas al exterior, fijando alícuotas por derecho de exportación, conforme a los precios internacionales, que implican aumentos que van del 35 al 40 por ciento. La Resolución Nº 125/08, establece además una reducción en los derechos de exportación para el trigo y maíz a fin de estimular la diversificación de la producción.
La medida generó la inmediata reacción de las grandes entidades agropecuarias, que expresaron su oposición al aumento y promovieron acciones de protesta que incluyeron desde cortes de ruta y movilizaciones hasta paros, en una actitud de rechazo a la resolución oficial. El Gobierno nacional decidió luego la modificación del sistema de retenciones móviles, segmentando el universo de productores, para beneficiar aún más a los pequeños y medianos, quienes podrán acceder a una compensación igual a la diferencia entre la alícuota determinada por el nuevo sistema de retenciones móviles y la establecida con anterioridad al dictado de la Resolución Nº 125/08. También dispuso una compensación por flete de trasporte de soja y girasol desde la provincia de origen hasta el puerto más cercano.
De esta manera, los pequeños y medianos productores quedaron en una mejor situación en cuanto a sus ingresos con relación a lo que percibían hasta el 10 de marzo. Pese a todo, la discusión puntual de las retenciones, se deformó paulatinamente en dictomías y enfrentamientos cuyos argumentos desnaturalizan el eje de la cuestión, a partir del planteamiento de situaciones que no reflejan la realidad. La victimización de un sector privilegiado de grandes exportadores que se atribuye la representación total del campo, el supuesto perjuicio a las economías provinciales y el declamado avasallamiento a los pequeños productores, se convirtieron en pilares argumentales del rechazo a las retenciones; conjunto de fundamentos que terminaron por instalarse como verdades irrefutables, cuando en realidad carecen de real sustento.
II. ¿Qué son las retenciones?
El nivel de confusión que se advierte en la mayoría de las noticias que abordan el denominado “conflicto el campo”, obliga a repasar las cuestiones básicas, de modo que pueda definirse sin equívocos el terreno de debate.
Las retenciones son un impuesto a las exportaciones, en este caso de granos, oleaginosas y derivados.
Este impuesto capta una parte de la renta de la tierra, y en este caso de la renta extraordinaria motivada por los altos precios internacionales, pero se distingue sustancialmente de los aportes sobre salarios o el impuesto a las ganancias.
Las retenciones, por ser un impuesto al comercio exterior, son recaudadas por el Estado Nacional, sistema que rige desde que se promulgó la Constitución Nacional de 1853, estableciendo que las aduanas son Nacionales.
El origen de esta modalidad obedeció al espíritu federal de la Nación, que de ese modo derogó el privilegio de las provincias portuarias –Buenos Aires fundamentalmente- que definían y captaban para sí todos los tributos del comercio exterior.
Las retenciones protegen al mercado interno de las bruscas variaciones de los precios internaconales, y su razón primaria es preservar el poder de compra de la población, al impedir que sus ingresos sufran las variables de otros mercados.
Las retenciones, según los diferentes porcentajes para diferentes productos, estimulan o desalientan que tales o cuales cultivos predominen sobre otros. De esta manera apuntan a diversificar la producción y combatir el monocultivo.
A manera de ejemplo, si el maíz ofreciera un rédito extraordinario, y todos los productores se dedicaran a este cultivo, el resto de los productos alcanzarían -por falta de producción- precios descomunales, y la población enfrentaría simultáneamente precios inaccesibles y desabastecimiento.
Entonces, las retenciones a las exportaciones agropecuarias son un instrumento legítimo, que el Estado puede y debe utilizar, en virtud del mandato democrático de cada Gobierno, para regular el impacto de la volatilidad de los mercados internacionales, y resguardar al mercado interno –a los argentinos- de sus efectos no deseados, como la inflación y la escasez de oferta de ciertos productos.
En el caso actual, un aumento descontrolado de la producción de soja disminuye la de otros cultivos, de modo que las retenciones son necesarias y cumplen un efecto regulatorio, porque con ellas se equilibra la producción entre distintos cultivos y entre distintas producciones.
III. Beneficios inmediatos
La política económica implementada por el Gobierno nacional, muestra beneficios inmediatos y resultados concretos y objetivos que se consolidaron posuitivamente en los últimos años, y fueron reconocidos tanto por la oposición política como por quienes ahora cuestionan las retenciones. Ocurre que se trata de aspectos vitales de la economía nacional, a saber:
* Superávit Fiscal primario equivalente al 3% del PBI promedio en los últimos seis años.
* Superávit Comercial.
* Reducción de la Deuda Pública en 70.000 millones de dolares
* Incremento de Reservas, de 8.200 a más de 50.000 millones
* Política monetaria prudente y tipo de cambio competitivo y estable que permitió el crecimiento de las exportaciones de 25.600 a más de 65.000 millones de dólares.
* Argentina ha crecido a un promedio acumulativo equivalente al 9% anual.
* Se redujo la pobreza del 54% al 20,6% y la indigencia del 28% al 6%.
* El desempleo bajó del 26,6% al 7,5% con la generación de casi 3,6 millones de puestos de trabajo.
* El empleo informal se redujo del 52 al 37,3%.
Entre los beneficios consumados, se advierten además realidades que incentivan y apoyan el desarrollo agropecuario, como
* Tipo de cambio competitivo, con ahorro fiscal para garantizar su competitividad.
* Precio diferencial del gasoil a sólo un tercio de cualquiera de los países vecinos.
* Reducción del IVA del 21 al 10,5 para fertilizantes y herbicídas para abaratar los costos de los insumos del sector.
* Reembolso del IVA por un 15% para los bienes de capital producidos en el país y régimen de amortización acelerada para la fabricación de tractores,herramientas, fumigadores y y máquinas agrícolas.
* Reducción del 21 al 10,5% para la venta de cereales y oleaginosas que se comercializan en el país
* Subsidios a las tasas de interés, reprogramación de los plazos y condiciones flexibles para resolver los problemas de endeudamiento de productores agropecuarios.
El modo en que el campo se benefició con la política económica del Gobierno nacional, se revela en los impactantes números del sector:
* La superficie sembrada aumentó del 26,1 a casi 32 millones de hectáreas.
* El volumen de producción se incrementó de 65 a 97 millones de toneladas.
* Las hectáreas hipotecadas bajaron de 14 a 4 millones y de 48.000 productores en mora bancaria se pasó a 6.705 productores.
* Las exportaciones del sector aumentaron de 13.000 a 35.000 millones de dólares.
* Las maquinarias, herramientas y tractores crecieron diez veces.
* El valor de los campos se incrementó cinco veces pasando de 2.500 a 15.000 dólares por hectáreas.
Se trata de realidades incontestables, que dejan sin entidad el discurso que pretende señalar un perjuicio al campo, y que paradójicamente es difundido por quienes obtuvieron mayores réditos.
Al mismo tiempo, se propone una victimización del sector, mediante premisas que no se corresponden con la realidad, y que parten de la definición del “campo” como eje, columna y motor de toda la economía nacional.
En realidad, el “campo” es el octavo sector económico de importancia de la economía Argentina. Primero se encuentra la industria manufacturera, y muchos otros sectores también producen, trabajan y agregan valor
El “campo” no es el primero, sino el séptimo sector económico de importancia por su aporte al crecimiento de estos años. Mucho más aportaron la industria, el comercio, el transporte y la construcción.
Y por sobre todo, es imprescindible recordar que el campo fue uno de los sectores más respaldados y beneficiados, tal como lo confirman todos los indicadores.
IV. El monocultivo
Gran parte de la expansión agrícola de las últimas décadas fue a parar al cultivo de soja en detrimento de otros cultivos y actividades agropecuarias.
El cultivo de soja transgénica forrajera ocupa ya el 60% de nuestra producción de granos y casi igual porcentaje de la superficie sembrada. Lejos de ser un hecho saludable, constituye un verdadero problema en expansión para la economía nacional y la protección de nuestro ecosistema agrícola, así como también para la vida misma de nuestros habitantes.
Nuestro país es parte de los 19 países que permiten el cultivo de variedades transgénicas o modificadas genéticamente (OGM). Es también uno de los 5 que lo permiten a gran escala. Más aun, la Argentina es el primer país del mundo en cuanto a porcentaje de expansión de los OGM respecto del total de su producción.
El 99% de la soja sembrada en nuestro país es sojaRR, es decir OGM, para hacerla resistente al herbicida glifosato. Siendo la soja una especie de polinización cerrada o autógama en un porcentaje del 95 al 99%, es dable suponer que la soja no transgénica (la llamada soja orgánica) no existe en nuestro territorio. Esto sólo ya constituiría un grave problema. Pero hay muchos más.
En principio la producción se ha transformado en un monocultivo, hecho peligroso desde el punto de vista ambiental, económico y estratégico respecto de la estructura productiva de la nación. Todo modelo basado en el monocultivo es esencialmente no sustentable y débil desde el punto de vista estructural. Sin embargo la expansión del monocultivo de soja transgénica forrajera, trae aparejada otros serios problemas. El primero es la degradación de nuestro sistema productivo: hemos dejado de ser un país productor de alimentos para producir forraje, para que otras naciones –las más industrializadas- produzcan carne. Hemos reducido nuestra producción de carne -al reducir su área, el número de cabezas y la calidad de los campos destinados a la misma- para producir ‘pasto-soja’.
Destinamos nuestras mejores tierras –del mejor ecosistema del mundo para producir alimentos- para producir forraje, para que otros países produzcan y exporten carne, en lugar de hacerlo nosotros.
En segundo lugar para producir pasto-soja hemos dejado de producir un sinnúmero de alimentos. Ya el objeto de nuestra producción agrícola no es la de producir alimentos para nuestra población y exportar el remanente, sino que todo el sistema agrícola del país está puesto al servicio de producir materias primas en forma de pasto-soja para la exportación a los países industrializados.
Así China, la UE y otros países industrializados crían su ganado y producen carne para abastecer a los emergentes y gigantescos mercados asiáticos donde se asienta el futuro de la humanidad, con el pasto-soja que les vendemos.
Se agrega la alta contaminación ambiental que produce el sistema Siembra directa-sojaRR-glifosato, ya que se basa en el uso masivo de agrotóxicos en forma permanente. En la última campaña se usaron –por lo menos- 150 millones de litros de glifosato, 20 millones de litros de 2-4-D y 6 millones de litros de endosulfán. Los últimos dos, sumados a los coadyudantes y acompañantes del glifosato son altamente cancerígenos.
En términos ecológicos y ambientales, todo el sistema de Siembra directa-sojaRR-glifosato, no es más que un gigantesco experimento en 15 millones de hectáreas de selección de malezas resistentes y contaminaciones genéticas verticales y horizontales irreversibles, apenas imaginadas.
Un quinto aspecto del problema se refiere a que el sistema produce la pérdida masiva de mano de obra: 4 de cada 5 puestos de trabajo real se destruyen por la diferencia de Tiempo Operativo/Hombre/Ha, entre los sistemas Tradicional y SD, mientras se produce sólo 1 puesto de trabajo por cada 500has de SD-sojaRR.
Otro aspecto sumado al anterior, es la destrucción de la pequeña producción. No son viables la huerta, el monte frutal, la apicultura, el monte nativo, artificial u otras producciones cercanas a los vuelos u aplicaciones de glifosato que por ser un herbicida total destruye todo tipo de plantaciones por deriva.
Tampoco es rentable la sojaRR para superficies pequeñas, por lo cual los pequeños y medianos agricultores deben arrendar sus campos o venderlos. Un séptimo aspecto se vincula al robo ‘legal’ de la propiedad ancestral y la expulsión de gente del campo.
El sistema Siembra directa-sojaRR-glifosato hace posible la producción de pasto-soja en regiones y lugares donde antes la agricultura no era posible; de allí que comunidades ancestrales o de escasos recursos, que vivían en áreas marginales ocupando sus tierras y viviendo de la producción familiar o de los frutos del monte, sean expulsados.
Este hecho claramente ilegítimo, pues arrasa con derechos escritos en la Constitución Nacional pero no reglamentados, está introduciendo la violencia en el campo.
Este conjunto de factores trae aparejadas la miseria, la expulsión y la destrucción de la producción familiar, junto con la riqueza de un sector minúsculo de población. Esto se une a la brutal concentración de la tierra: esta riqueza de pocos unida a la proliferación del hambre y la desocupación de la población laboriosa se expresa en los miles de Planes jefes y jefas de hogar, cobrados incluso en pequeñas comunidades rurales donde nunca existió el desempleo.
El reclamo contra las retenciones en Catamarca es de 30 productores que cultivan un promedio de 2.300 hectáreas cada uno, con un rédito de 3.260.089 millones de pesos, libres de todo gasto; aunque el monto virtualmente se duplicará cuando vendan la producción.
Este grupo no genera empleo, hecho comprobable por el simple detalle de que no hay trabajadores registrados por los empresarios sojeros en Catamarca.
El impacto social es casi nulo para la zona ya que no se genera empleo directo, por el contrario, se desplaza a los habitantes locales.
A los pequeños y medianos productores de nuestra provincia, no solo no se les incrementa la retención, porque el monto se les reintegra, sino que por la compensación del flete reciben hasta 322 pesos extra por hectárea.
El impacto de los cultivos de soja en el progreso de la población es prácticamente nulo: en el Departamento Santa Rosa, que concentra a los mayores productores de soja, el 32,7 por ciento de la población vive con sus necesidades básicas insatisfechas (NBI).
Conclusiones
* Los pequeños productores de Catamarca (hasta 150 hectáreas), no son afectados por la aplicación de las retenciones móviles y estarán en mejor situación, por las compensaciones, que antes del 10 de marzo.
* Los grandes productores de Catamarca (más de 350 hectáreas), mantienen su alta rentabilidad, como consecuencia de los precios internacionales de commodities.
* La idea de que las retenciones marchan en contra de los intereses provinciales o generan un perjuicio a Catamarca es completamente errónea e insostenible.
* La coparticipación a las provincias de los recursos recaudados en concepto de retenciones, solo puede ser efectivizada a través de una ley que establezca su distribución.
* La indefensión de los pequeños propietarios productores, ocasionada por el avance de los grupos concentrados, expresados por los pooles de siembra, debe ser resuelta a partir de un nuevo régimen de tenencia de la tierra , que ponga límites a su concentración y controle el impacto ambiental de la actividad agropecuaria, preservando la tierra, el bien o capital mas importante que dispone el productor.
* Es necesario recuperar la racionalidad en las demandas de los productores, por cuanto ciertas manifestaciones de esos reclamos, lesionan seriamente los derechos de aquellos sectores de la comunidad que son ajenos al conflicto.
* Los apoyos y adhesiones externas a este sector de productores, motivadas en mayor medida por puro oportunismo y especulaciones políticas, contribuyen únicamente a profundizar las diferencias, alejándonos de la meta común de los argentinos que es el progreso y bienestar de todos.
* La actividad agropecuaria es muy importante para el desarrollo del país, pero debe estar articulada con el resto de las actividades productivas en una relación armónica y equilibrada con un crecimiento que no afecte las condiciones y necesidades del consumo interno de los argentinos.
* El diálogo es la instancia necesaria para encontrar las coincidencias superadoras, para diseñar y ejecutar una política agropecuaria que nos permita aprovechar esta oportunidad inédita, determinada por la demanda alimentaria a escala mundial
* El Frente para la Victoria de Catamarca, por compromiso y convicciones propias apoya las políticas nacionales, convencido de que están inscriptas en el marco de un proyecto nacional y popular, con crecimiento, inclusión social, y una más justa distribución de la riqueza.
